Este es el panorama de la ciudad de Linfen, China.
Existe una presión a nivel global por el tema del cambio climático: a la evidencia científica presentada por el IPCC a través de su ultimo informe, el que presenta evidencias solidas sobre la realidad del cambio climático, se suman las manifestaciones ciudadanas: Una petición en linea para que los gobiernos del mundo opten por un 100% de energías limpias firmado por 2.2 millones de adherentes, 400.000 ciudadanos marchando por mitigar el cambio climático en la ciudad de manhattan y mas de 150 marchas en favor del cuidado del ambiente y la transición a energías renovables entre las que cabe destacar la marcha por la recuperación de las aguas y el rechazo al proyecto Alto Maipo, con mas de 25.000 participantes, la cual fue literalmente ignorada por los grandes medios de comunicación de Chile.
En este contexto se celebro en Lima, Peru la Conferencia de las Partes número 20 (COP20) bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, del 1 al 14 de Dicembre del 2014 donde se reunieron mas de 10.000 delegados de 195 paises. El objetivo de este foro era concebir un texto borrador para lograr un compromiso concreto de reducción de GEI en el próximo encuentro COP 21 en Paris a fines del presente año 2015.
Entre los grupos de países que se pudieron perfilar en esta cumbre, aquellos cuya economía esta basada casi completamente en el petroleo fueron quienes, por razones obvias, fueron mas reticentes al cambio a un modelo de energías limpias.
Seguramente el grupo mas relevante frente a la realidad del cambio climático es el de las grandes economías, representado principalmente por Estados unidas y China: Mientras del gigante norteamericano se enreda en discusiones internas entre demócratas y republicanos, estos últimos férreos defensores de intereses económicos tan gravitantes como el grupo Rockefeller, China se convirtió en una piedra en el camino porque, pese a su reciente compromiso de reducir los GEI en un 40% de aquí al 2030, no ha sido preciso en cuanto a que mecanismos pretende usar para dicho fin y se ha negado a que observadores internacionales supervisen ese proceso. Cabe señalar que china es el mayor fabricante de tecnologías limpias en el mundo (así como de todo lo demás) y la evidencia muestra que la cadena de producción de esta tecnología no tiene nada de limpia, no por nada la industrializada ciudad china de Linfen lleva varios años liderando el ranking de las ciudades mas contaminadas del mundo. La India, también convertida en importante emisor de gases, se ha sumado a este grupo, pues no solo se niega a dar aportes económicos para la lucha contra el cambio climático sino que, en su condición de país en desarrollo, la que también reclama China, pide ser beneficiario del Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas.
Por otra parte, entre los países que se han sensibilizado respecto a una estrategia coherente sobre el calentamiento global, se encuentra la gran mayoría de delegaciones de la Comunidad Europea, donde, naturalmente destacan Alemania, Noruega, Dinamarca y Holanda. Y, por supuesto, los países latinoamericanos progresistas y Chile.
Nuevamente en Chile, como es costumbre, son los ciudadanos comunes quienes deben asumir los costos ambientales del mal entendido y cortoplasista desarrollo, pues la presidenta Michelle Bachelet propuso “un impuesto verde” que le pone precio al carbono proveniente de vehículos particulares como parte de una gran reforma fiscal, que busca reducir en un 20% las emisiones de GEI hacia el 2020, mientras el grupo económico Luksic abusa de las reservas de agua en el cajón del maipo explotando glaciares para favorecer intereses ligados a la minería y en Paine, con el proyecto de la nueva mega planta de la CCU pretende utilizar toda el agua del sector poniendo en riesgo la forma de vida de miles de agricultores locales quienes han hecho de esta actividad su forma de vida. Frente a esta realidad cabe preguntarse si las intenciones de reducir la emisión de GEI en el transporte son relevantes frente a la necesidad imperiosa de una nueva legislación de aguas que sea efectiva para frenar estos abusos.