La recién finalizada COP 20 demostró al mundo las dificultades y controversias que tienen los líderes mundiales para llegar a acuerdos reales para enfrentar las problemáticas medio ambientales
El 14 de Diciembre del 2014, con dos días de retraso, termino la vigésima Conferencia de las Partes (COP 20) realizada en Lima, donde se presentó el documento borrador de decisiones denominado “Llamado de Lima para la Acción Climática”, que se espera sea ratificado en la próxima COP21 a realizarse en París en 2015. Este borrador contiene las decisiones provisionales de un nuevo tratado ambiental global vinculante.
Se debe recalcar que el gran objetivo de la COP, es lograr un acuerdo provisional mundial para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que producen la alteración de la composición de la atmosfera global, lo cual tiene como consecuencia el aumento de la temperatura promedio del mundo generando diversos cambios en el clima que conducen a diversas catástrofes ambientales.
Es así, que uno de los temas centrales en la COP20 fue determinar la incidencia de la clasificación entre Países desarrollados y En vías de desarrollo, elaborada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (CMNUCC), la cual es fundamental para determinar responsabilidades diferenciadas en la emisión de GEIs y su aporte en el financiamiento de planes para enfrentar y mitigar el cambio climático. Esta discusión quedó plasmada en las palabras de John Kerry, secretario de Estado de EE.UU., el cual hizo un llamado a los Paises en desarrollo para que reduzcan sus emisiones de GEI al igual que los países desarrollados, lo cual no fue bien recibido por éstos países, pues los países en vías de desarrollo producen menos GEI y son mucho más vulnerable a los efectos devastadores del cambio climático generados por las grandes potencias.
Uno de los resultados más relevantes, y que afectan a los países del sur, es el aumento de la meta del Fondo Verde para el Clima, de US$10 mil millones a US$10,200 millones. Dicho órgano de subvenciones de la CMNUCC, es el mecanismo para recolectar recursos desde las naciones desarrollados para financiar planes y proyectos de Mitigación y Adaptación al cambio climático en los países en desarrollo, haciendo hincapié en las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los diversos países. Así, la pregunta que emerge ahora es si la suma de dinero planteada será suficiente para que los países más vulnerables al cambio climático, que a la vez son los que menos contaminan, puedan efectuar las estrategias de Adaptación y Mitigación necesarias, pero por sobre todo si dicha suma de dinero representa y sustituye el daño ya provocado por los países que han llegado a ser ricos a costa de un modelo de progreso basado en una economía altamente contaminadora.
“No podemos continuar en una negociación de un nuevo acuerdo del cambio climático donde los países se mienten unos a otros, donde los países dicen que se van a hacer algo por el cambio climático pero en realidad no se quiere hacer nada” fueron las palabras de Evo Morales, presidente de Bolivia, dejando claro la duda que emerge de los países en desarrollo sobre el cumplimiento de los acuerdos para bajar la emisión de CO2, por parte de los países de mayor incidencia económica y política.
De esta manera, la sensación que dejó la COP20 es de incertidumbre. ¿Es real la incidencia de los protocolos internacionales en las políticas medioambientales que desarrollan los países? ¿Es posible esperar que las naciones que han logrado estar en la cúspide la economía dejen el modelo depredador del medio ambiente? Al parecer solo cabe esperar la COP21 para ver los enfrentamientos que conllevaran el nuevo acuerdo, como también ver que naciones ratifican el mismo.